viernes, 1 de abril de 2016

EL SAQUEO DE CULTURA



Material incautado por la Guardia Civil durante la operación Helmet. Fuente: El País


Una cantidad intangible de información se oculta bajo tierra. Material arqueológico de todo tipo esperando a ser recuperado e investigado, pero que sin embargo sufre la lacra del expolio. Uno de los ataques más directos que se pueden hacer contra el patrimonio histórico, a la par que cotidiano. Si hace cosa de 15 años se llamaba la atención sobre los robos en iglesias rurales actualmente la tendencia delictiva ha variado hacia una actividad más individualizada, incluso podríamos decir que “profesionalizada”. Si bien el expolio siempre ha existido (por norma general en todos los pueblos hay quien mantiene en su poder materiales provenientes de yacimientos cercanos), actualmente la tecnología ofrece la posibilidad de llevar a cabo expolios baratos y precisos. Estamos hablando desde sitios de información web a herramientas como los detectores de metales.

España cuenta con un yacimiento cada 3 kilómetros, una cantidad de espacios a vigilar realmente extensa si nos paramos a reflexionar. ¿Pero cómo actúan los cuerpos de seguridad del Estado ante esta cuestión?
La ley de Patrimonio Histórico prohíbe expresamente la búsqueda sin autorización de restos arqueológicos. El Código Penal (artículo 323) castiga este tipo de delitos contra el patrimonio con entre seis meses y tres años de cárcel, pero la carga económica es el principal recelo de los expoliadores, llegando el caso de preferir en ocasiones la detención a la denuncia. Desde 2011 la Guardia Civil ha practicado 180 detenciones o imputaciones, abriendo casi 2.000 expedientes por infracción administrativa, correspondiendo más de la mitad al Seprona.

Evidentemente es mucho más fácil seguir la pista de las redes de venta internacional que el simple destrozo arqueológico aleatorio por “entretenimiento” de la mayoría de detectoristas. Así, en la Operación Mosaico fueron detenidas ochenta y cinco personas de una red extendida por toda España y recuperadas más de 1.000 piezas. Un poco más recientes fueron las Operaciones Helmet I y II, desarrolladas en la provincia de Zaragoza, en las cuales, gracias a la venta en subasta en Alemania de varios cascos celtibéricos de origen incierto se consiguió recuperar 2.000 piezas expoliadas en Aragón.



Personalmente en dos ocasiones me crucé con detectoristas en plena acción. Este mismo verano en el castillo de Espejel en la provincia de Cáceres el individuo (perfectamente pertrechado con detector de metales, piqueta y cinturón multiusos) se atrevía a "quitar hierro al asunto" alegando que simplemente era una falta administrativa. En otra ocasión, en el 2013, el grupo de la campaña arqueológica de la ciudad celtibérica de Valdehererra subimos a realizar labores de acondicionamiento a Bílbilis. Algo que el “pitero” evidentemente no se esperaba que se hiciera fuera del plazo de la campaña, porque bien que acabó perseguido por el monte por un grupo de arqueólogos azada en mano. Éste, aunque se escapó, al menos se llevó una buena carrera barranco abajo.

Lamentablemente es muy difícil demostrar que unos materiales han sido expoliados de un yacimiento determinado, aunque por lo menos según la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español los delitos contra el patrimonio son imprescriptibles. Algo es algo. Aun así, la única defensa posible es la educación y enseñar a dar valor a un patrimonio que es de todos y constituye las bases de la construcción cultural e intelectual.


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