Material incautado por la Guardia Civil durante la operación Helmet. Fuente: El País |
Una cantidad intangible de información
se oculta bajo tierra. Material arqueológico de todo tipo esperando a ser
recuperado e investigado, pero que sin embargo sufre la lacra del expolio. Uno
de los ataques más directos que se pueden hacer contra el patrimonio histórico,
a la par que cotidiano. Si hace cosa de 15 años se llamaba la atención sobre
los robos en iglesias rurales actualmente la tendencia delictiva ha variado
hacia una actividad más individualizada, incluso podríamos decir que “profesionalizada”.
Si bien el expolio siempre ha existido (por norma general en todos los pueblos
hay quien mantiene en su poder materiales provenientes de yacimientos
cercanos), actualmente la tecnología ofrece la posibilidad de llevar a cabo
expolios baratos y precisos. Estamos hablando desde sitios de información web a
herramientas como los detectores de metales.
España cuenta con un yacimiento cada 3
kilómetros, una cantidad de espacios a vigilar realmente extensa si nos paramos
a reflexionar. ¿Pero cómo actúan los cuerpos de seguridad del Estado ante esta
cuestión?
La ley de Patrimonio Histórico prohíbe
expresamente la búsqueda sin autorización de restos arqueológicos. El Código
Penal (artículo 323) castiga este tipo de delitos contra el patrimonio con entre
seis meses y tres años de cárcel, pero la carga económica es el principal
recelo de los expoliadores, llegando el caso de preferir en ocasiones la
detención a la denuncia. Desde 2011 la Guardia Civil ha
practicado 180 detenciones o imputaciones, abriendo casi 2.000 expedientes por infracción
administrativa, correspondiendo más de la mitad al Seprona.
Evidentemente es mucho más fácil seguir
la pista de las redes de venta internacional que el simple destrozo
arqueológico aleatorio por “entretenimiento” de la mayoría de detectoristas. Así,
en la Operación Mosaico fueron detenidas ochenta y cinco personas de una red
extendida por toda España y recuperadas más de 1.000 piezas. Un poco más
recientes fueron las Operaciones Helmet I y II, desarrolladas en la provincia
de Zaragoza, en las cuales, gracias a la venta en subasta en Alemania de varios
cascos celtibéricos de origen incierto se consiguió recuperar 2.000 piezas
expoliadas en Aragón.
Personalmente
en dos ocasiones me crucé con detectoristas en plena acción. Este mismo verano
en el castillo de Espejel en la provincia de Cáceres el individuo
(perfectamente pertrechado con detector de metales, piqueta y cinturón
multiusos) se atrevía a "quitar hierro al asunto" alegando que simplemente era
una falta administrativa. En otra ocasión, en el 2013, el grupo de la campaña
arqueológica de la ciudad celtibérica de Valdehererra subimos a realizar
labores de acondicionamiento a Bílbilis. Algo que el “pitero” evidentemente no
se esperaba que se hiciera fuera del plazo de la campaña, porque bien que acabó
perseguido por el monte por un grupo de arqueólogos azada en mano. Éste, aunque
se escapó, al menos se llevó una buena carrera barranco abajo.
Lamentablemente
es muy difícil demostrar que unos materiales han sido expoliados de un
yacimiento determinado, aunque por lo menos según la ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español los delitos contra el patrimonio son imprescriptibles. Algo es
algo. Aun así, la única defensa posible es la educación y enseñar a dar valor a
un patrimonio que es de todos y constituye las bases de la construcción cultural
e intelectual.
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